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Interior triplica las subvenciones a países africanos para contener la inmigración irregular

El País: 29-06-2020

MARÍA MARTÍN

La financiación a Marruecos dispara el total de las partidas de cooperación policial internacional, pero crece también la financiación a Malí, Guinea Conakri, Gambia y Costa de Marfil

El ministro del Interior, Fernando Grande"Marlaska, ha multiplicado los fondos a países africanos para contener la inmigración irregular. Partidario de "adelantar fronteras" y prevenir las salidas en los países de origen y tránsito, el ministro ha logrado más que triplicar el valor de las subvenciones a sus socios del sur. Son partidas destinadas a sufragar total o parcialmente los gastos de las guardias costeras y fuerzas de seguridad, incluyendo dietas, compra y mantenimiento de vehículos. Marruecos, socio clave y privilegiado, ha recibido el mayor aporte, pero también han aumentado las transferencias a Guinea Conakri, Malí, Costa de Marfil y Gambia, principales emisores de emigrantes hacia España. En 2019, Interior les entregó 45,9 millones en subvenciones, frente a los 13,3 millones de 2017, un aumento del 243%. Las cifras constan en una respuesta parlamentaria al diputado de EH"Bildu Jon Iñarritu y en decenas de resoluciones firmadas por el ministro a las que ha tenido acceso EL PAÍS. Las dos fuentes de información se complementan, aunque existen pequeñas variaciones entre ellas. El esfuerzo financiero de Interior, aun con los presupuestos prorrogados del PP, responde al importante aumento de los flujos migratorios hacia España en 2018, cuando se batió un récord histórico de entradas irregulares, y a la reactivación de la ruta canaria, a mediados de 2019. Los beneficiarios son considerados países "clave" para frenar la inmigración irregular y el Ejecutivo presenta la estrategia de cooperación policial con África como un ejemplo de eficacia ante la Unión Europea. Interior asegura a sus socios africanos subvenciones que se han mantenido más o menos estables desde 2009 cuando, tras la llamada crisis de los cayucos de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a tejer acuerdos que tenían como socios preferentes a Senegal y Mauritania. El colaborador del CNI en África Occidental David R. Vidal describe en Diario de un espía cómo, tras la inyección española de millones de euros, comenzó a cambiar la "disposición" de los oficiales de la Gendarmería y Marina mauritana. "De la noche a la mañana, dejaron de aceptar sobornos, lo cual era algo inaudito teniendo en cuenta que se embolsaban cerca de seis mil euros por embarcación […] Es el mérito de meter en nómina a un país entero", mantiene en su libro. Marruecos no era un beneficiario relevante de estas subvenciones, pero las prioridades cambiaron y, en 2019, el país, de donde salen la mayoría de pateras hacia España, se situó como principal receptor con una partida de 32,3 millones de euros. El Gobierno tuvo que recurrir al fondo de contingencia de los Presupuestos para poder aprobar esta ayuda, pero se había marcado como objetivo reducir la inmigración irregular a la mitad y enfrentaba una nueva cita electoral. Las llegadas desde las costas marroquíes comenzaron a caer en febrero de 2019 y en menos de un año se cumplió la meta. Argelia, con quien España mantiene una estrecha colaboración en materia migratoria no condiciona, de momento, su cooperación a ayudas económicas en materia policial. Las transferencias a las autoridades mauritanas y senegalesas se han mantenido en torno a los 10 y los tres millones anuales respectivamente, pero en 2018 recibieron un pequeño incentivo. Recién llegado al ministerio, Grande"Marlaska aprobó una subvención de 3,18 millones de euros en vehículos, quads y ordenadores para Senegal, Mauritania y Marruecos. Rabat volvió a beneficiarse de la mayor parte 2,5 millones para 80 todoterrenos, pero Dakar y Nuakchot ampliaron su flota de 4x4, quads y microbuses destinados a la vigilancia y transporte de inmigrantes. En ambos países, España tiene desplegados policías y guardias civiles que patrullan e investigan junto a las fuerzas de seguridad locales y sendos acuerdos de repatriación de inmigrantes. Frenar la ruta canaria La reapertura de la ruta canaria, una vía reactivada a finales del año pasado y que este año ya ha multiplicado por seis las llegadas respecto a 2019, ha dado un nuevo impulso a las relaciones con determinados países subsaharianos. Según las resoluciones consultadas, la contribución a Gambia ha crecido un 50% y pasa de los 50.000 euros en 2017 y 2018 a 75.000 en 2019 destinados al pago de combustible y mantenimiento de vehículos y embarcaciones. La respuesta parlamentaria, en este caso, eleva la contribución a Gambia en 2019 hasta los 258.000. Igualmente crecen las ayudas a la Academia de Policía Nacional de Guinea Conakri, que suben de los 50.000 euros entregados en 2017 y 2018 a 75.000 en 2019. También se han aprobado nuevas subvenciones a países fuera de la lista. En 2018, el ministro firmó una partida para Malí de 112.000 euros y el año pasado otra por 75.000 euros. Ambas estaban destinadas al pago de internet, alquiler, limpieza, carburante, formación y hasta material de oficina de la policía de fronteras maliense. También incorpora a Costa de Marfil a cuya Policía Nacional se destinaron 87.000 euros en 2018, 80.000 en 2019 y 100.0000 euros en 2020. Ghana que, al menos desde 2012, no estaba entre los beneficiarios pasa también a integrar el club con 87.000 euros en 2018 y 181.000 euros en 2019, una partida a la que este diario no ha tenido acceso pero que sí refleja la respuesta parlamentaria. Las ayudas no están condicionadas al cumplimiento de los derechos humanos por parte de los países beneficiarios, pero sí a la justificación de los gastos. En este sentido, las subvenciones fueron objeto de un informe del Tribunal de Cuentas de 2012 que señaló las deficiencias en la concesión y justificación de varias partidas: faltaban facturas, se habían troceado contratos, faltaba una valoración de los resultados obtenidos por las subvenciones concedidas y se afeaba el criterio aleatorio para destinar elevadas dietas a efectivos de diversos países. El Gobierno de Mariano Rajoy reconoció "deficiencias formales", pero defendió que eran errores "sin incidencia" en el fondo de la cuestión, "su gran eficacia" en la lucha contra la inmigración irregular.

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